Cuando su iglesia dejó de sentirse segura, el diácono nicaragüense Francisco Alvicio hizo un plan con su congregación. Discretamente, comenzaron a transformar sus hogares en templos. “Si me persiguen en la iglesia, yo tengo mi Biblia”, dijo el religioso de 63 años.
Rezar a escondidas fue lo último que intentó antes de huir de su país.
Como él, otros pastores evangélicos, sacerdotes católicos y organizaciones de derechos humanos de Nicaragua han denunciado hostigamiento, vigilancia y detención de líderes religiosos en años recientes.
“No es de buen corazón ir ahí con un arma”, dijo Alvicio desde Costa Rica, donde ahora vive con su esposa. “Si a una iglesia llegan con armas, uniformes, hablando fuerte, es para intimidar al pueblo”.
La relación entre el gobierno y las comunidades religiosas nicaragüenses se complicó desde 2018, cuando el presidente Daniel Ortega reprimió violentamente una serie de protestas sociales multitudinarias. Ortega pidió que la Iglesia católica fungiera como mediadora cuando las tensiones comenzaron, pero el diálogo duró poco.
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